Corte Suprema fija indemnización por publicidad engañosa: advertencia clave para el mercado inmobiliario
El máximo tribunal del país resolvió condenar a una sociedad inmobiliaria al pago de indemnizaciones por publicidad engañosa, luego de que ofreciera la posibilidad de ampliar departamentos que, en la práctica, no podían autorizarse debido a limitaciones de constructibilidad.
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Este fallo, además de su impacto económico (255 UF por unidad), debe ser leído por el sector como una señal clara: las promesas y descripciones comerciales que acompañan un proyecto inmobiliario se integran al contrato y pueden generar responsabilidad si no son exactas o no cumplen con la normativa urbanística aplicable.
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¿Dónde estuvo el problema?
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El conflicto se originó en una expectativa generada en los compradores: la opción de ampliar sus departamentos. Si bien esta promesa aparecía en la oferta y en la publicidad, era inviable desde el punto de vista técnico y normativo.
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La Corte Suprema razonó que esta omisión configuró un incumplimiento contractual, dado que se ofreció algo que no podía materializarse. De esta manera, la publicidad se transformó en el centro del litigio y terminó produciendo un daño indemnizable.
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Lecciones para el sector inmobiliario
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Este caso entrega valiosas enseñanzas que toda empresa del rubro debe considerar:
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- Publicidad bajo control preventivo: los mensajes comerciales no son simples piezas de marketing, sino parte de la oferta contractual. Es fundamental que pasen por un filtro jurídico y técnico antes de ser difundidos.
- Revisión de normativa urbanística: cualquier beneficio, ampliación o plus que se ofrezca debe estar respaldado en permisos y límites normativos claros, evitando crear expectativas inviables.
- Gestión de riesgos reputacionales y económicos: un litigio de esta naturaleza no sólo genera costos financieros relevantes, sino también puede afectar la confianza del mercado. Una estrategia preventiva evita ambos frentes.
- Cumplimiento y buena fe contractual: el estándar exigido por la jurisprudencia es claro: los desarrolladores deben actuar con total transparencia frente a los compradores, cuidando que cada promesa tenga sustento legal y técnico.
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