Ley 21.842: mallas de protección en condominios y la nueva obligación de prevenir caídas
En muchos edificios, instalar una malla de protección en un balcón terminaba en un reclamo del comité o en una multa por alterar la fachada. Ese conflicto quedó zanjado. El 23 de septiembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.842, que modifica la Ley N°21.442 de Copropiedad Inmobiliaria para permitir, y en ciertos casos exigir, sistemas de seguridad que impidan caídas accidentales desde edificaciones en altura. a Para administradores, comités de administración e inmobiliarias, la reforma tiene dos tiempos distintos, y confundirlos es el principal riesgo: una parte rige desde su publicación y otra será exigible recién en septiembre de 2028. Quien espere al 2028 para revisar su reglamento llegará tarde a la mitad de la ley. a ¿Qué cambia con la Ley 21.842 en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria? La ley tiene un artículo único con dos modificaciones y un artículo transitorio. La primera agrega un párrafo a la letra b) del inciso primero del artículo 8° de la Ley N°21.442, que regula el contenido del reglamento de copropiedad. La segunda incorpora en el Título VII, “De la seguridad del condominio”, un nuevo Párrafo 4° con el artículo 43 bis, que impone una obligación directa a ciertos residentes. El transitorio fija un plazo de 24 meses solo para esta última. a Mallas de protección en condominios: el reglamento ya no puede prohibirlas Desde ahora, el reglamento de copropiedad no puede prohibir a propietarios, copropietarios, arrendatarios u ocupantes a cualquier título la instalación de sistemas de seguridad adicionales, permanentes y resistentes para impedir caídas accidentales. La ley menciona como ejemplos las mallas de protección de alta resistencia y los sistemas de bloqueo o limitación de apertura de ventanas, y deja abierta la puerta a otros mecanismos que cumplan las instrucciones de la Secretaría Ejecutiva de Condominios. a El derecho alcanza también a quien arrienda o simplemente ocupa la unidad. El arrendatario con hijos pequeños no depende de la voluntad del propietario ni de la comunidad para proteger su hogar, sin perjuicio de lo que haya pactado en su contrato de arriendo. a Lo que sí puede regular el reglamento de copropiedad La comunidad no pierde el control de su edificio. El mismo artículo permite que el reglamento establezca estándares de calidad mínimos de estos dispositivos y condiciones de instalación y mantención, con el objeto de conservar el orden, la homogeneidad y la seguridad de la edificación. La pregunta, entonces, deja de ser si se puede instalar una malla y pasa a ser cómo debe instalarse. Color, material, tipo de anclaje o exigencia de instalador especializado son materias que, a nuestro juicio, caben dentro de esta facultad, siempre que no se transformen en una prohibición encubierta por la vía de exigencias imposibles o desproporcionadas. a ¿Desde cuándo rige esta regla? El artículo transitorio difiere únicamente la obligación del artículo 43 bis. La modificación al artículo 8° no tiene plazo especial, por lo que rige desde la publicación de la ley, el 23 de septiembre de 2026. En nuestra opinión, las cláusulas de reglamentos vigentes que prohíban estos sistemas no pueden seguir aplicándose en esa parte, y cursar multas o exigir el retiro de una malla fundado en ellas expone a la administración a reclamos y a una defensa difícil. a Nueva obligación del artículo 43 bis: prevenir caídas en viviendas con niños Quiénes están obligados El nuevo artículo 43 bis obliga al copropietario, arrendatario u ocupante a cualquier título de una unidad destinada a vivienda ubicada sobre el primer piso, en la que residan niños o niñas de hasta doce años o personas con necesidades especiales que presenten un mayor riesgo de caídas. Debe implementar medidas de seguridad idóneas para prevenir caídas en los sectores de la unidad que presenten ese riesgo, y también en los bienes de dominio común que tenga asignados en uso y goce exclusivo, como terrazas o azoteas asignadas. a La obligación recae en quien ocupa la vivienda, no en la comunidad. La ley agrega que es exigible desde que concurra la circunstancia que la origina: si una familia con hijos pequeños llega al edificio, o nace un hijo, la obligación nace en ese momento. a El deber de informar al administrador El obligado debe informar al administrador sobre la instalación de la medida de seguridad y entregarle los antecedentes documentales que correspondan. Para la administración esto significa un nuevo flujo de información que recibir, ordenar y conservar, y que conviene tener resuelto antes de que la obligación sea exigible. a Responsabilidad del fabricante, proveedor o instalador El fabricante, proveedor o instalador responde por las fallas o defectos de estas medidas conforme a la Ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, cuando corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad civil que proceda según las reglas generales. Es un punto relevante para empresas instaladoras y para inmobiliarias que entreguen unidades con estos sistemas incorporados. a Plazo: exigible desde septiembre de 2028 Según el artículo transitorio, la obligación del artículo 43 bis será exigible una vez transcurridos 24 meses desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, esto es, a partir del 23 de septiembre de 2028. Además, la Secretaría Ejecutiva de Condominios podrá impartir instrucciones generales para su aplicación, conforme al artículo 97 de la Ley N°21.442. a Lo que la Ley 21.842 no resuelve La ley no define qué se entiende por medidas de seguridad idóneas; ese contenido dependerá en buena medida de las instrucciones que dicte la Secretaría Ejecutiva de Condominios, que a la fecha de publicación aún no existen. Tampoco establece una sanción específica para quien no cumpla el artículo 43 bis, de modo que sus consecuencias deberán encontrarse en las reglas generales de la Ley de Copropiedad y de la responsabilidad civil. Y no entrega al administrador una facultad expresa para indagar quién reside en cada unidad: la recopilación de antecedentes debe limitarse a lo necesario y respetar la normativa sobre protección de datos personales. a Recomendaciones prácticas para administradores y comités de administración …
